Contaminación Acústica “Programa Piratas Extremadura”


Mario López (Piratas de Extremadura)

imagesEl 18 de Julio de 2002, los países miembros de la Unión Europea se pusieron a trabajar en la Directiva sobre evaluación y gestión del ruido ambiental, aplicable a la contaminación acústica en zonas urbanizadas, parques públicos, inmediaciones de centro escolares, hospitales… Los parlamentarios europeos, en Enero de 2004, finalmente acordaron que la Comisión debía publicar una revisión de toda la legislación comunitaria sobre contaminación acústica. A partir de aquí se debían seguir reformando las normativas, hasta alcanzar un nivel de desarrollo legislativo que tuviera como meta la total protección de la salud de los ciudadanos ante las agresiones sonoras.

El 5 de Febrero de 2013 fue la última vez que el Parlamento Europeo abordó el problema, dejando marcado unos criterios claramente definidos para su aplicación en todos los territorios de la Unión.

Estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), señalan al ruido como el segundo mayor problema ambiental, tras la contaminación del aire. Ambos problemas se pueden asociar tal y como indica la OMS con más de 50.000 infartos mortales al año en Europa y más de 250.000 enfermedades cardiovasculares, lo que supone según los estudios económicos realizados, más de 40.000 millones de euros de coste al año.

En esta estadística pormenorizada no se recogen los trastornos mentales ni el deterioro global en la calidad de vida de los afectados. Tampoco se refleja el impacto en los niños ni en su futuro desarrollo. Aunque lo que sí queda evidenciado es que no debemos seguir banalizando sobre el asunto.

Dicho esto, y para empezar a definir las futuras responsabilidades, debemos tener presente que como miembros de la Unión Europea, España firmó acuerdos que nos comprometían a aceptar el marco jurídico único, por lo que el incumplimiento de las directivas comunes nos coloca en una situación de ilegalidad denunciable ante los altos Tribunales Europeos.

Además, cuando hablamos de atentados contra la salud pública, podemos hacerlo desde el prisma de la violación de los derechos fundamentales de las personas, abriendo la vía de acción en el Tribunal de derechos humanos.

¿Por qué, ante esta realidad jurídica, tantos ayuntamientos españoles siguen sin prestar atención a la problemática? Y lo más importante ¿Existen responsabilidades políticas que puedan derivarse de la inacción?

Respondiendo a la primera pregunta: Los ayuntamientos, con sus alcaldes a la cabeza, están obligados a velar por el establecimiento del orden y la ley dentro de sus competencias. Existen herramientas para frenar la agresión sonora diaria sin tener que recurrir a la ayuda autonómica o estatal. Una de estas herramientas es el buen nivel de autogobierno del que aún disfrutan los ayuntamientos, que les permite poner en funcionamiento ordenanzas de régimen local efectivas para paliar este tipo de desórdenes, máxime si se redactan bajo el ordenamiento europeo. Pero ¿lo hacen? Normalmente, no. Esta actitud suele ser fruto de la ignorancia supina del alcalde de turno, que se considera libre para acatar o no la legislación europea. Si a esto le añadimos la inacción de los grupos opositores, nos encontramos con el cóctel perfecto de inoperancia manifiesta, que siempre repercute negativamente en la vida de los ciudadanos.

Y respondiendo a la segunda pregunta: Cuando el responsable político está debidamente informado de la problemática y puede demostrarse su dejación de funciones, así como una inherente mala fe en todo el proceso, podría ser constitutivo de delito, dejando a la interpretación de la justicia la imputación de un atentado contra la salud pública.

El tráfico rodado con escapes ilegales, los escándalos públicos, la violación de los horarios de cierre en los locales de ocio, las industrias catalogadas como molestas en zonas urbanas… Existe ordenación, y es de obligada aplicación. Y si no existiere ha de redactarse. Si las alcaldías se muestran inoperantes no pueden definirse más que como organismos tóxicos para la salud humana y el medio ambiente, en tanto en cuento no revierta la situación.

Se suelen usar excusas peregrinas, como la falta de medios. Pero tal cosa solo puede considerarse un insulto a la inteligencia del ciudadano, que ve como se anteponen otros gastos corrientes de naturaleza banal, si los comparamos con el sagrado derecho a la salud y el descanso.

Desde Piratas Extremadura velaremos para que se aplique la Normativa Europea, cumpliendo con nuestro compromiso de anteponer a cualquier otra circunstancia la declaración universal de derechos humanos, donde queda reflejada con toda claridad el derecho a la salud.

 

Anuncios

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión / Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión / Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión / Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión / Cambiar )

Conectando a %s