Esto que lo pague el señor alcalde. “Deuda ilegítima”


Voy a aprovechar el nuevo problema que ha surgido en Montijo con la instalación de lo que el ayuntamiento quiere llamar “bandas reductoras de velocidad” para explicar brevemente la definición de “deuda odiosa, o ilegítima”.

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En muchas ocasiones hemos incidido en esta definición para advertir a los gobernantes de sus responsabilidades con la gestión de la deuda pública, y de cómo no todo lo que el pueblo español debe a la banca tiene que ser pagado.

Existe un pueblo que ya ha conseguido que gran parte de su deuda sea considera ilegítima (Badalona), liberando así a sus ciudadanos de unas obligaciones que se traducían en menos inversión pública.

La “deuda odiosa o ilegítima” se define como la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país. Esta deuda no tiene por qué ser pagada y por tanto no es exigible su devolución ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto dichos contratos —bonos o contratos comerciales— son nulos legalmente. En todo caso, tales deudas podrían considerarse personales debiendo responder quienes las hayan contraído a título personal —sea el monarca, el presidente, el director del banco central nacional o los ministros correspondientes— y no el Estado en su conjunto y por tanto los ciudadanos. En algunos aspectos, el concepto es análogo a la nulidad de los contratos firmados bajo coacción.

¿Qué tiene que ver todo esto con las bandas reductoras de velocidad presentes en la localidad de Montijo? Pues bien, la explicación sencilla es la siguiente: El alcalde, Alfonso Pantoja, en algún momento ha ordenado la colocación de dichos elementos, que en definitiva ha costado una suma “X” de dinero, que posiblemente se haya sufragado bajo algún crédito bancario. Dichas bandas reductoras, tomadas las medidas oportunas, son ilegales en todo término. (Véase Orden de FOMENTO 3053-2008-1160101), por lo que tarde o temprano deberán ser retiradas, o algo peor; provocarán algún accidente o daños en vehículos, con unos gastos añadidos que tendrán que ser sufragados por todos los contribuyentes. En definitiva, se genera una salida de dinero público como consecuencia de una actuación irresponsable que atenta contra los intereses del pueblo montijano, que bien podría haberse evitado con un simple asesoramiento técnico (obligación INEXCUSABLE del representante político cuando no tiene ni pajotera idea de lo que está haciendo). Por tanto ¿la deuda adquirida para colocar estas bandas reductoras, así como los gastos añadidos pueden ser considerados como “deuda odiosa o ilegítima”? La respuesta es  SÍ. De hecho incluso podría presentarse una querella contra el alcalde de Montijo y exigir que el dinero sufragado por el pueblo pase a ser de su responsabilidad personal.

Este es solo un ejemplo. Pero piensen en cuantas veces los alcaldes, gobernantes autonómicos o presidentes de gobierno actúan de forma maliciosa contra los intereses del pueblo soberano, ya sea colocando unas simples bandas reductoras de velocidad, construyendo una vía de ferrocarril de alta velocidad imposible de terminar o de mantener, o rescatando un sistema financiero culpable de prácticas financieras ilegales…

El pueblo tiene en su mano la solución al problema. Pero desde el sofá de casa, viendo la tele, no podrá resolverse nada.

Bandas reductoras

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