La esencia Criminal


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Dice el diccionario de la RAE que el crimen se define como la acción de matar o herir con gravedad a una persona. Igualmente en su segunda acepción lo describe como una acción de gran maldad o irresponsabilidad que tiene consecuencias graves. – Este punto es el que más nos interesa –. Por lo tanto no es demasiado difícil discernir la línea que nos separa entre la normalidad y el hecho de convertirnos en un “ser” vil y despreciable. También es importante que cuenten con que a veces no solo es la ley quién está legitimada para separar entre aquellos que pueden llamarse o no criminal, ya que en el más estricto sentido de la palabra nos regimos por ciertas leyes que, y según la definición del adjetivo,  están redactadas como auténticos catálogos de acceso gratuito al acto del crimen. Aunque es paradójico solo hay que mirar a nuestro alrededor para encontrarnos con una práctica común, donde los malvados  salen impunes de sus tropelías escudándose en que sus acciones son perfectamente legales.

Pongamos ejemplos sencillos y cercanos: Una familia pierde el empleo que sustentaba a sus miembros. Tras un tiempo se agotan las prestaciones que el esquelético Estado Social español les proporciona. Sin dinero para los gastos corrientes no solo dejan de pagar la hipoteca y la luz eléctrica, sino que también se ven en la disyuntiva de abonar el recibo del agua o comer esa semana. Una simple cuestión de elección.

Esto no son divagaciones, sino que está basado en muchos casos reales, que suceden hoy en día cerca de las casas de todos nosotros, y que nunca se sabe si usted, que ahora está leyendo esto, puede ser el siguiente en sufrirlo.

Pues bien, la desprotección total de esta familia llega hasta tal punto que nuestros legisladores y representantes públicos consideran que una deuda con la compañía del agua debe traducirse en una suspensión del suministro, sea cual sea la circunstancia del impago. Y eso, lo miren por donde lo miren, es un acto criminal, o como dice la segunda acepción del diccionario de la RAE, “una acción de gran maldad o irresponsabilidad que tiene consecuencias graves”.

Existen muchas formas de reclamar una deuda, ya sea por la vía administrativa buscando imponer cargas sobre propiedades, ejerciendo limitaciones en la concesión de subvenciones, descontando las cuantías de futuras remuneraciones. Pero cuando se trata de un bien indispensable para la VIDA, como es el agua, la suspensión del suministro ni tan siquiera debería estar contemplada.

Hablamos de un elemento indispensable para que la persona pueda disfrutar de un mínimo de salubridad aceptable, por no entrar en más detalles. Pague o no pague su recibo, cuando un ciudadano pierde el derecho al disfrute del agua corriente, se le está negando el derecho a la VIDA en sí misma.

El alcalde de Montijo es de esos incapaces que no encuentran una salida más digna para las familias en grave peligro de exclusión social, y corta por lo sano, aplicando escrupulosamente una batería de leyes criminales en un acto que solo puede ser definido como de enorme irresponsabilidad con consecuencias devastadoras, esté o no contemplado en el texto regulador.

La declaración Universal de derechos humanos,  pilar fundamental de las constituciones civilizadas de occidente, dice en su artículo 3: “Todo ser humano tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”. Pero aun es más específica cuando nos vamos al artículo 25, que dice textualmente: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bien estar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tienen así mismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”.

Cuando un representante público toma la determinación de coartar este derecho, ya sea por acción u omisión, se convierte igualmente en un criminal, en el más preciso sentido de la palabra. Es por tanto misión de los ciudadanos juzgar bajo la moral humana, que fue el principio con el que se redactó la declaración universal, y que subrayaba con claridad las líneas rojas que los Estados jamás deberían atravesar, si es o no conveniente seguir sosteniendo un sistema que ha degenerado legislativamente hasta la deshumanización. ¿O acaso creen que están libres de ser la siguiente víctima de su despiadada naturaleza?

Mario López Sánchez

Vocal de Piratas de Extremadura

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